La Orden de 20 de agosto de 2010, entre otras muchas cuestiones, ha alterado la manera en que los profesores elegían los cursos en los institutos. Hasta entonces y durante décadas, sin que se supiese que este sistema hubiera generado problema alguno, los cursos se elegían siguiendo la tradicional “rueda”, según la cual, en caso de no existir consenso entre los integrantes de un departamento, el Estado ordenaba que esa elección se guiase por el criterio de la antigüedad del profesorado en el cuerpo y en el propio instituto. Es decir, a falta del acuerdo entre los profesores, se repartían los grupos uno a uno entre los profesores del departamento en turnos ordenados según su antigüedad. Cada profesor, en cada uno de sus turnos, podía elegir uno de los grupos y así se hacía sucesivamente hasta que todos los grupos salían repartidos.
Este sistema tenía sus defectos. Se podía estar en contra de que la antigüedad fuera el mérito principal a la hora de ordenar a los funcionarios en detrimento de otros méritos como pudieran ser trabajo desarrollado, publicaciones, cursos de formación, etc.
Pero este sistema, discutible como todos, era nítido, no daba lugar a equívocos y no remitía a ninguna instancia externa al departamento la hora del reparto. Es decir, cada departamento era autónomo y a la vez, soberano, dentro de la ley, a la hora de repartir sus cursos. El profesor sabía en todo momento a qué atenerse en cuanto llegaba a un centro nuevo y su situación laboral no estaba al albur de las decisiones externas o de sus relaciones personales con otras personas, si no que venía protegida y bendecida por sus méritos y capacidades medidas en las oposiciones.
Sin embargo, el sistema que lo sustituye está basado en el “consenso”. Los méritos medibles y objetivos se han sustituido por la necesidad de llegar a un acuerdo total (pues eso es lo que encubre en realidad esta palabra) entre los miembros del departamento para que no se produzca la intervención del director. Es decir, y lo digo sin ironía, se ha adoptado el mismo sistema que rige en el Consejo de Seguridad de la ONU donde algunos países tienen derecho al veto y otros no. Porque no olvidemos que consenso quiere decir derecho a veto de cualquiera de los miembros de un departamento. Consenso es el acuerdo de todos. ¿Y qué ocurre si uno se niega al acuerdo? Pues que no hay consenso. Así de simple. Es decir, que la comparación exacta sería la del Consejo de Seguridad de la ONU donde algunos países tienen derecho a veto; pero con una diferencia: el director, en caso de que alguien plantee el veto, es el único capacitado para resolver el conflicto. Por esto mismo, ejercerán en realidad su derecho al veto aquellos que cuenten con la aquiescencia del director a sus peticiones.
Y ahí es donde está el elemento fundamental y que en mi opinión ha decidido a la Consejería a dar este paso. Rompiendo el carácter autónomo del departamento en sus decisiones, lo que se hace es atribuir más poder al director, que en determinadas circunstancias, si cuenta con un “quintacolumnista” dentro de un departamento (lo cual es relativamente sencillo) puede bloquear la elección de cursos en un departamento y forzar al final la ubicación del o los un profesores “díscolos” en los peores grupos del centro.
Lógicamente, se me objetará, esto sólo va a ocurrir en casos extremos, en donde haya fuertes enfrentamientos enquistados entre los profesores. Y efectivamente, esto es así. No serán muchos los institutos donde esta solución se tenga que arbitrar. Aunque tampoco hay que olvidar que en centros antiguos y con plantillas muy estables no son tampoco raros los casos de enfrentamientos entre equipos directivos y algunos profesores. Añadamos a esto, que estos viejos profesores díscolos (sin pensar en que su estatus podía cambiar) pueden haberse enfrentado con dureza a su equipo directivo en el pasado (motivos no han faltado, desde luego) y ser ahora, al cabo de los años, represaliados. Yo en mi periplo como interino, estuve trabajando en centros donde los claustros eran constantes discusiones y trifulcas que incluso llegaban a los tribunales. O sea, que aunque sea raro que la sangre llegue al río, en ocasiones si llega.
Pero la mayor parte de los centros se moverá en el territorio de lo gris, de lo cotidiano y vulgar. Es decir, los profesores más acomodaticios, aquellos que siempre están dispuestos a seguir las directrices del poder vengan de donde vengan y conduzcan adonde conduzcan, serán los favorecidos en caso de conflicto y si son astutos, que muchos lo serán, irán a esas “negociaciones” de principio de curso con la confianza de que si no obtienen los cursos que desean (generalmente aquellos donde las tasas de conflictividad son más bajas), podrán forzar la intervención del director que, como el primo de Zumosol, aparecerá para salvarles y darles una lección a los villanos. Los otros profesores, los que no siguen a pies juntillas lo que diga su Dirección, asistirán a las reuniones con la misma sensación de desigualdad pero en sentido opuesto; es decir, aceptarán un mal acuerdo por temor a que al final la Dirección les imponga otro peor. Y esa será a partir de ahora, la triste realidad de los institutos, que como una monótona llovizna nos acabará mojando a todos.
Es decir, los méritos y la antigüedad que cada uno se ganó en sus oposiciones por méritos propios han sido sustituidos por el compadreo y las buenas relaciones con los detentadores del poder. Cualquiera, con el beneplácito del director, se puede convertir en una pieza decisiva y decisoria en cualquier departamento. En cualquier sitio podrá el director introducir su caballo de Troya.
Independientemente de la legalidad de esta orden (tengo un amigo abogado que dice que es ilegal pues atenta contra los derechos esenciales de un funcionario) y de lo que hagan los sindicatos (que seguramente no harán nada) lo que está claro es que esto es una vuelta de tuerca más para reforzar el poder del director en detrimento de los pesos pesados que puedan enfrentársele en un claustro. Y ese es el sentido último de la Orden: fragmentar al claustro ante el omnipotente director, romper las estructuras intermedias de poder y doblegar al profesorado más recalcitrante con la amenaza velada o abierta de degradarle, mandarle a Siberia o lo que es lo mismo, adjudicarle los cursos más conflictivos de un instituto. Antonio Machado o Dámaso Alonso, por citar dos ejemplos de prestigiosos catedráticos de instituto, si hoy ejercieran, podrían acabar dando el 2º de la ESO más conflictivo de un instituto en cuanto cualquier abrazafarolas que se arrastrase ante el poder se entrometiera en su camino.
